El Camino hacia la Abolición
La tradición cultural de la tauromaquia en el Perú se enfrenta hoy a una transformación ética sin precedentes. Animal Defenders International (ADI) ha sido el motor fundamental de este cambio, utilizando una estrategia que combina la investigación encubierta con una presión política implacable. Su labor no comenzó directamente en las plazas, sino exponiendo la crueldad en los circos, un hito que en 2011 logró la prohibición nacional del uso de animales silvestres en espectáculos. Este triunfo sembró la semilla de una duda razonable en la sociedad peruana: si el sufrimiento de un león en una carpa es inaceptable, el tormento de un toro en una arena no puede ser considerado cultura.
El Fin del Sufrimiento en las Calles: El Caso de Ayacucho
Uno de los avances más significativos en la desarticulación de la crueldad pública ha sido la prohibición de los horripilantes eventos de encierros en Ayacucho. Durante años, las festividades de Jala Toro, Pascua Toro y Velay Toro convirtieron las calles en escenarios de horror, donde multitudes en estado de ebriedad golpeaban, pateaban y aterrorizaban a los toros. Los investigadores de ADI en Perú registraron en video y expusieron repetidamente esta crueldad, incluso bajo advertencias de la policía de no asistir por su propia seguridad ante la agresividad de las turbas.
Tras una larga e intensa campaña, el Ministerio de Cultura emitió una resolución histórica declarando que estas prácticas quedan excluidas de las festividades de Semana Santa. La medida establece una sanción contundente: si estos eventos se llevan a cabo en la provincia de Huamanga, perderán de inmediato su estatus bajo el Patrimonio Cultural de la Nación. Este logro marca un precedente vital al reconocer que el tormento animal no puede ser amparado por la fe ni por la tradición.
Una Alianza de Fuerza: La Coalición Perú Sin Toreo
La exitosa campaña en Colombia, que culminó con la prohibición de la tauromaquia en 2024, ha servido como un catalizador para que ADI intensifique sus operaciones en suelo peruano. Con este respaldo regional, la organización ha redoblado sus esfuerzos para terminar con las corridas en el Perú, buscando alinear la legislación nacional con los estándares de protección animal que ya dominan el continente. Esta nueva fase se caracteriza por una movilización civil más activa y una presión constante sobre las instituciones que aún sostienen estas prácticas.
Este esfuerzo no es aislado. En los últimos meses, se ha consolidado una alianza estratégica denominada «Perú Sin Toreo», una coalición de organizaciones locales e internacionales de la que ADI forma parte, aportando su experiencia técnica para unificar el mensaje abolicionista en todo el país. Esta alianza representa un frente unido que profesionaliza la lucha, permitiendo que colectivos de diversas regiones compartan recursos, asesoría legal y estrategias de comunicación. La unión bajo este frente común ha permitido que el movimiento antitaurino pase de ser una serie de protestas dispersas a una fuerza política organizada con capacidad de interlocución directa ante el Estado.
Resistencia en Estado de Emergencia
El camino hacia la abolición ha enfrentado obstáculos coyunturales significativos este mes. Una gran manifestación ciudadana, planeada para coincidir con el inicio de las corridas de toros en Lima, se vio frenada por la situación política del país. La declaración de un estado de emergencia por parte del Gobierno prohibió las concentraciones masivas, forzando la cancelación de la marcha principal. Ante esta restricción, la capacidad de adaptación de ADI y sus aliados de la alianza permitió que el reclamo no se silenciara; en lugar de la gran protesta, se llevaron a cabo eventos más pequeños y acciones coordinadas que mantuvieron la exigencia de justicia animal presente en la esfera pública a pesar de las limitaciones legales.
Ilegalidad en la Capital: La «Pamplonada» en Acho
A pesar de los avances legales y el creciente rechazo social, la resistencia pro-taurina persiste bajo formas cuestionables. El pasado 1 de febrero, se llevó a cabo una «Pamplonada» (encierro de toros en las calles) y una corrida de toros ilegal en la histórica Plaza de Acho, promovida por la Municipalidad del Rímac. Este evento generó una respuesta inmediata: se presentó una denuncia ante el Ministerio Público argumentando que esta actividad viola flagrantemente la Ley de Protección y Bienestar Animal 30407. Miembros de la coalición «Perú Sin Toreo» se manifestaron con firmeza frente a la fiscalía para exigir justicia y el cumplimiento de la ley.
Durante el evento, ADI observó una Plaza de Acho a medio llenar, lo que confirma que la ciudadanía limeña ha dejado de respaldar estos espectáculos. Resultó especialmente alarmante la presencia de un gran número de niños, contraviniendo las constantes recomendaciones internacionales de proteger a la infancia de la exposición a la violencia de las corridas. Esta acción legal y la baja asistencia marcan el inicio de una etapa definitiva: una donde la ley y la ética ciudadana finalmente cercan a una industria que se niega a aceptar que su tiempo en el Perú ha terminado.