
Un paso hacia la protección integral
Con el propósito de fortalecer los estándares de bienestar animal en el país, los ciudadanos Diego Alejandro Gutiérrez y Linda Alexandra Ruíz han presentado ante la Corte Constitucional una iniciativa que busca unificar la protección de todos los animales en los escenarios circenses. La propuesta plantea que los beneficios de la Ley 1638 de 2013, que hoy amparan a las especies silvestres, se extiendan de manera integral a los animales domésticos.
Esta normativa, aunque representó un avance histórico, priorizó la protección de la fauna silvestre, permitiendo la continuidad del uso de animales domesticados. Según la demanda, el Congreso incurrió en una «omisión legislativa relativa» al proteger a unas especies y dejar en vulnerabilidad a otras que son sometidas a condiciones idénticas de estrés y hacinamiento. El eje de esta acción ciudadana es invitar a una evolución de la norma actual para que sea más abarcadora. Los demandantes proponen que la protección responda a una visión complementaria de la sintiencia animal, garantizando que, ante los desafíos de la vida itinerante, todos los animales reciban el mismo nivel de cuidado y respeto por parte del Estado.
El origen de la exclusión: La intervención de Jorge Enrique Robledo
Uno de los puntos clave del documento es el rastro del debate legislativo que acotó los alcances del proyecto original. La demanda señala que, durante el segundo debate en la plenaria del Senado el 7 de mayo de 2013, el entonces senador Jorge Enrique Robledo fue una figura determinante al sugerir que la prohibición se restringiera exclusivamente a los «animales silvestres».
Esta propuesta llevó a la creación de una Comisión Accidental que terminó acogiendo dicha postura, excluyendo a los animales domésticos del texto final. Hoy, la nueva propuesta ciudadana busca complementar ese paso legislativo, permitiendo que la ley crezca y se adapte a las sensibilidades actuales de la sociedad colombiana sobre el respeto a la vida animal en todas sus formas.
La respuesta institucional: El Ministerio de Ambiente defiende la ley
Pese a los argumentos de la demanda, el Ministerio de Ambiente ha solicitado a la Corte que declare la ley exequible. La entidad sostiene que la distinción actual es una medida «razonable, proporcionada y legítima», fundamentada en criterios técnicos y biológicos. Para el Gobierno, el tratamiento diferenciado responde a la protección de la fauna silvestre como patrimonio ambiental de la Nación y a la gestión del riesgo ecológico, argumentando que existen realidades materiales distintas entre especies silvestres y domésticas.
Un debate de ética y ciencia: Cuestionando la visión técnica
No obstante, la demanda invita a superar esta visión segmentada. Se cuestiona que el enfoque se limite exclusivamente al valor «ambiental» o de «biodiversidad», omitiendo el valor intrínseco de los animales como seres sintientes individuales. Desde la perspectiva de la protección integral, la distinción biológica no debería ser un criterio para permitir el maltrato.
Los demandantes señalan que la postura oficial parece ignorar la ciencia del bienestar animal. Citando informes de Animal Defenders International, exponen que el estilo de vida itinerante provoca en los animales domésticos estrés crónico y comportamientos de ansiedad severos, de forma equiparable a lo que ocurre con las especies silvestres.
El valor de la solidaridad y el orden justo
El fundamento más profundo de esta iniciativa es el fortalecimiento de la justicia y la solidaridad social. Según el texto presentado:
«Dicha solidaridad demanda imperativamente que la comunidad evite el sufrimiento innecesario y el maltrato hacia los animales. Una sociedad democrática, que basa su existencia en la justicia, no puede permanecer indiferente ante el padecimiento de seres vulnerables».
Bajo esta luz, se propone que el Estado Social de Derecho brinde una consideración moral equilibrada a todos los seres vivos. Lograr una protección total en estos espectáculos se presenta como la culminación de un ideal de justicia que irradia nuestra Constitución desde su preámbulo.
Hacia el fin del sufrimiento en los circos para todos los animales
La Corte Constitucional tiene ahora la oportunidad de decidir si mantiene la visión diferenciada actual o si declara que en Colombia ningún animal debe ser objeto de cautiverio circense. Lo que se solicita es una lectura que complemente la ley vigente, consolidando al país como un referente de ética y respeto hacia todos los seres que comparten nuestro territorio.
¡Actuemos por un circo sin crueldad para todos los animales!
Recientemente se ha interpuesto una demanda por omisión legislativa para corregir el vacío legal que permite que los animales domésticos sigan bajo las carpas. La Corte Constitucional, en cumplimiento de los autos del 20 de enero y 26 de febrero de 2026, ha abierto el espacio para que la ciudadanía intervenga en este proceso de constitucionalidad.
Estamos ante una oportunidad única para que la Corte extienda la protección a todos los animales sin excepción. El término de «fijación en lista» para este asunto corre del 16 de marzo al 6 de abril de 2026.
Puedes participar siguiendo estos pasos:
- Revisa el expediente: Accede a las diligencias y al proceso digital en este vínculo de la Corte Constitucional.
- Envía tu intervención: Las intervenciones o conceptos ciudadanos se reciben a través del icono del megáfono que aparece junto al número de radicación en el proceso digital, o directamente al correo electrónico: secretaria3@corteconstitucional.gov.co.
- Difunde: Comparte esta información para que más personas se sumen a la defensa de los animales domésticos.


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