Colombia sin tauromaquia

La victoria legislativa actual es el resultado de un proceso que comenzó años atrás con el trabajo de varias organizaciones sociales antitaurinas, entre las que se incluye Animal Defenders International (ADI). Estas organizaciones identificaron que la sociedad colombiana ya había empezado a dar la espalda a la tauromaquia antes de que existiera una estructura unificada de presión política. Gracias a esa labor de monitoreo y al análisis de cifras oficiales, se logró demostrar que el desinterés ciudadano era una realidad contundente incluso antes de la creación formal de la coalición Colombia sin toreo en 2017.

El Declive de la Afición

Grupo de defensores de animales de Animal Defenders International sosteniendo carteles que dicen '#Bogotá Sin Toreo' frente a una valla.

Antes de la creación de la coalición en 2017, ADI realizó una labor de fiscalización crucial. A través de un derecho de petición contestado por el IDRD, ADI obtuvo las cifras oficiales de boletería vendida en Bogotá que confirmaron una tendencia imparable:

  • El desplome de los números: Mientras que en años como 2005 se registraban asistencias de más de 68.000 personas, para el año 2017 la cifra había caído drásticamente a 28.954.
  • El mensaje técnico: ADI utilizó estos datos para demostrar ante las autoridades que el rechazo ciudadano no era solo una percepción, sino una realidad estadística. Esta caída en la asistencia fue el argumento clave para señalar que la tauromaquia era una actividad moribunda que ya no representaba el sentir mayoritario.
Gráfico que muestra la caída de la asistencia a corridas de toros en Bogotá entre 2004 y 2017, con los datos de boletos vendidos por año.
Grupo de personas posando en un evento, todos usan camisetas negras con el texto 'Yo quiero Colombia sin toreo'.

Surgimiento de la Coalición

Con este panorama de rechazo creciente, en 2017 se consolida formalmente la Coalición Colombia Sin Toreo, de la cual ADI es miembro fundador. La coalición nació con una postura abolicionista firme, rechazando las «corridas incruentas» por considerar que el sufrimiento psicológico y la tortura física no pueden ser regulados, solo eliminados.

La Lucha Política y Judicial

Ante el complejo escenario jurídico donde la Corte Constitucional y el Consejo de Estado delegaron la decisión al Congreso, la coalición activó una ruta de incidencia directa:

  • Resistencia en Bogotá: Paralelamente, se trabajó para frenar el regreso de las corridas (tras decisiones judiciales cuestionables) impulsando una consulta popular que permitiera a la ciudadanía ratificar su mandato a favor de los animales.
  • Gestión de Gobierno: En una reunión clave con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el viceministro, Luis Ernesto Gómez, se logró el compromiso público del Ministerio para revisar y llevar a cabo la iniciativa de ley abolicionista.
  • Frente Legislativo: El Proyecto de Ley 271 de 2017 por una #ColombiaSinToreo se convirtió en la herramienta para que el Congreso de la República pusiera fin a esta práctica en marzo.

El Proyecto de Ley 271 de 2017 Cámara y 216 de 2018 de Senado marcó un hito de movilización social, incluyendo la histórica caminata del 1 de octubre desde el Parque Nacional.

  • Logro: Tuvo un paso arrollador en la Cámara de Representantes y llegó al Senado con ponencia positiva.
  • Resultado: Fue archivado por falta de tiempo para sus últimos debates, a pesar del respaldo ciudadano y el compromiso inicial del Ministerio del Interior.

Tras el archivo anterior por falta de trámite, se formuló una nueva iniciativa basada en las sugerencias de los ponentes. El Proyecto de Ley 064 de 2018, radicado el 1 de agosto y firmado por 30 congresistas (muchos de ellos integrantes de la entonces recién creada Comisión Accidental de Protección y Bienestar Animal), enfrentó una carrera de obstáculos:

  • Modificaciones críticas: En la Comisión Séptima de la Cámara, el proyecto fue aprobado, pero a costa de sufrir modificaciones que eliminaban su carácter abolicionista original.
  • La subcomisión fallida: En la Plenaria de la Cámara, los representantes ponentes Fabián Díaz Plata y Jorge Gómez, junto al autor Juan Carlos Losada, intentaron devolverle su esencia abolicionista. Sin embargo, no se logró un consenso en la subcomisión creada para subsanar las diferencias.

La Coalición Nacional Colombia Sin Toreo ha sido enfática en señalar que el Congreso no ha asumido su deuda histórica con los animales ni la responsabilidad otorgada por la Corte Constitucional (Sentencia C-666 de 2010 y Auto 547/18).

  • Señalamientos directos: La coalición responsabiliza del archivo a la Comisión Séptima de la Cámara y, específicamente, a los representantes Norma Hurtado, Jennifer Arias, Gustavo Puentes, Carlos Eduardo Acosta y Arley Murillo.
  • Bloqueo a las «incruentas»: Se señala a la representante Norma Hurtado por bloquear también el PL 005 de 2018, que buscaba prohibir elementos que laceren, mutilen o maten animales (evitando las falsas corridas incruentas).
  • Desinformación: Se denuncia que el sector taurino utiliza cifras falsas y argumentos superados para confundir a los legisladores y dilatar el debate.

persistencia por una COlombia sin Toreo

Tres personas se encuentran en el Congreso de Colombia, frente a una fila de carteles con imágenes de toros, con un banner que dice 'COLOMBIA SIN TOREO'.

El Proyecto de Ley 410 de 2020 Cámara fue una iniciativa clave que buscaba la prohibición total de la tauromaquia, las novilladas y las becerradas en Colombia. Su propuesta central no solo se limitaba a eliminar estas prácticas del ordenamiento jurídico, sino que establecía un marco de reconversión económica para los trabajadores del sector y la transformación de las plazas de toros en espacios destinados a la cultura y el deporte.

A diferencia de intentos previos, este proyecto logró un éxito sin precedentes en su momento al ser aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes en abril de 2022 con una amplia mayoría. Sin embargo, al pasar al Senado bajo el radicado 359 de 2022, la iniciativa no contó con el tiempo suficiente para surtir los dos debates restantes antes del cierre de la legislatura en junio de ese mismo año.

Finalmente, el proyecto fue archivado por vencimiento de términos, pero su texto y estructura técnica sirvieron como el cimiento fundamental para la ley que se aprobó definitivamente en 2024. Este proceso demostró que existía la voluntad política necesaria para avanzar hacia una legislación que reconoce a los animales como seres sintientes sujetos de protección.

Una nueva Esperanza

El 20 de julio de 2022, se radicó con esperanza un nuevo proyecto de ley abolicionista con la firma de más de 40 congresistas de diversos sectores. El Proyecto de Ley 007 de 2022 (Cámara), impulsado por la plataforma Colombia Sin Toreo y de autoría del representante Juan Carlos Losada, buscaba prohibir las prácticas taurinas en el territorio nacional.

A pesar de haber sido aprobado con una mayoría contundente en su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, el camino de la iniciativa se truncó al llegar a la plenaria de dicha corporación.El trámite del Proyecto de Ley 007 de 2022 Cámara en la plenaria de la corporación estuvo marcado por una serie de maniobras que desvirtuaron el ejercicio legislativo. A pesar de que ya se habían agotado tres audiencias públicas reglamentarias, se recurrió a la figura de la sesión informal para otorgar una nueva plataforma de escucha exclusiva al gremio taurino —contando con la intervención del torero César Rincón—, lo cual terminó silenciando de facto la participación de los sectores defensores de los animales en ese espacio crítico del debate.

Asimismo, la discusión se vio empañada por una estrategia de ataques personales y desinformación. Representantes como Ana Rogelia Monsalve, Carolina Arbeláez y Miguel Polo Polo dirigieron sus intervenciones hacia el autor de la iniciativa, Juan Carlos Losada, desviando la atención técnica del articulado. En este escenario, se difundieron versiones erróneas que sugerían que el proyecto afectaría sectores como los galleros y las corralejas, a pesar de que el texto se centraba específicamente en la tauromaquia.

La estocada final al proyecto fue una maniobra procedimental confusa: se abrió una votación para eliminar la totalidad del articulado. Bajo el engaño de que esta acción permitiría introducir modificaciones posteriores, muchos representantes votaron a favor, desconociendo que dicha eliminación provocaba el hundimiento automático de la propuesta. Como resultado de esta táctica, y por una diferencia mínima de 78 votos contra 75, se aprobó la supresión del título y del contenido, decretando el archivo definitivo de la iniciativa

La coalición denunció que no fue una derrota de argumentos, sino de artimañas legislativas. Se determinó que, según la Sentencia C-666 de 2010, la mayoría de eventos taurinos en el país ya se realizaban en la ilegalidad, por lo que la lucha se trasladó al fortalecimiento de las denuncias y al trámite del Proyecto de Ley 085 Senado, que prohíbe toreo dando una transición de 3,5 años antes de la prohibición y regula corralejas.

A pesar del exitoso paso por el Senado del Proyecto de Ley 085 de 2022 (Senado) / 328 de 2022 (Cámara), la iniciativa no logró superar su primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Esto se debió a la férrea oposición surgida al haber incluido, inicialmente, la prohibición del toreo, las peleas de gallos y las corralejas

La ley no más olé

Primer debate iniciativa #NoMásOlé
Primer debate iniciativa #NoMásOlé

Finalmente, la transformación social y jurídica de la relación de Colombia con el toreo se gestó a través del Proyecto de Ley 309 de 2023 Senado — 219 de 2023 Cámara. Esta iniciativa, cuya autora es la senadora Esmeralda Hernández, fue diseñada con una estrategia de blindaje técnico que definió, desde su radicación, que su alcance se limitara estrictamente al ámbito taurino. Esta delimitación fue una pieza política clave para garantizar la viabilidad del trámite en el Congreso, dejando claro que prácticas como las corralejas, las peleas de gallos y el coleo no estaban incluidas en la prohibición y permanecerían bajo sus propias regulaciones vigentes.

El Primer Debate tuvo lugar en la Comisión Sexta del Senado el 13 de junio de 2023. En esta instancia, la ponencia estuvo a cargo de la senadora Sandra Jaimes, quien defendió la constitucionalidad de la propuesta y la necesidad de establecer un marco de protección para los animales. Durante esta sesión, se discutieron las primeras bases de lo que sería la reconversión económica, enfrentando los argumentos de los sectores que defendían la tradición cultural. Con 9 votos a favor y 1 en contra se aprobó el proyecto de ley, lo que reflejó un cambio de voluntad política y permitió que el articulado avanzara hacia la Plenaria del Senado con un respaldo técnico sólido.

El Segundo Debate se desarrolló en la Plenaria del Senado el 5 de septiembre de 2023. La senadora Sandra Jaimes lideró nuevamente la ponencia, sosteniendo un debate intenso contra los sectores de oposición que argumentaban un posible detrimento económico para ciudades con arraigo taurino. Tras horas de discusión, la Plenaria del Senado aprobó el proyecto con una votación contundente de 50 votos a favor frente a 4 en contra. Este respaldo mayoritario fue fundamental para que la iniciativa llegara a la Cámara de Representantes con una legitimidad política que no habían tenido proyectos similares en el pasado.

Tras superarse diversos obstáculos que buscaron impedir el avance de los debates, el Tercer Debate se realizó el 6 de marzo de 2024 en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. En esta etapa, la ponencia fue asumida por el representante Alejandro García Ríos, quien se encargó de fortalecer el articulado relacionado con las obligaciones del Gobierno Nacional. Se puso especial énfasis en el diseño del censo que debía realizar el DANE y en la coordinación entre los Ministerios de Trabajo, Comercio y Agricultura para asegurar que la «reconversión económica» de tres años fuera real y efectiva para las familias vinculadas al sector. Con 10 votos a favor y 1 en contra, se aprobó el proyecto de ley, logrando así el paso a la última instancia legislativa.

El Cuarto Debate y definitivo ocurrió el 28 de mayo de 2024 en la Plenaria de la Cámara de Representantes. La defensa de la ponencia fue coordinada por Alejandro García Ríos junto al representante Juan Carlos Losada, quienes rebatieron los últimos intentos de archivo de la ley. La aprobación en esta plenaria selló el fin de la tauromaquia en el país, tras lo cual se procedió a una comisión accidental de conciliación para unificar los textos de ambas cámaras.

¡Colombia prohíbe las corridas de toros!

Conoce los detalles de este histórico triunfo para los animales >>

Tras la aprobación en el cuarto debate, se integró una comisión accidental de conciliación para unificar las diferencias menores entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes. Este informe de conciliación fue sometido a votación en las plenarias de ambas corporaciones durante el mes de junio de 2024. En el Senado, la conciliación fue ratificada con una sólida mayoría, mientras que en la Cámara de Representantes se obtuvo un respaldo definitivo de 125 votos a favor, sellando así el éxito del articulado.

SANCIÓN PRESIDENCIAL

Evento de protesta con un grupo de personas levantando carteles, en un fondo que dice '¡No más!'

El proceso culminó con la sanción presidencial el 22 de julio de 2024, en un acto simbólico en la Plaza de Toros de Santamaría en Bogotá, convirtiendo la iniciativa en la Ley 2385 de 2024.

La Ley 2385 de 2024 prohíbe de manera taxativa en todo el territorio nacional el desarrollo de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas. El objetivo primordial de la norma es la protección de los animales, prohibiendo espectáculos que basen el entretenimiento en el sufrimiento, la laceración, la mutilación o la muerte de los toros. Para mitigar el impacto social, la ley establece un periodo de transición de tres años que concluirá en el año 2027. Durante este trienio, las actividades taurinas aún pueden realizarse, pero bajo regulaciones de bienestar animal extremadamente rigurosas que el Gobierno tiene la obligación de supervisar permanentemente.

Como eje central para garantizar el derecho al trabajo, la ley ordena al Gobierno Nacional ejecutar un censo detallado a través del DANE para identificar a todas las personas que dependen económicamente de la tauromaquia. Basándose en este censo, los Ministerios de Trabajo, Comercio y Agricultura deben implementar programas de «reconversión económica» que ofrezcan alternativas reales de empleo y emprendimiento. Este componente asegura que el fin de la actividad taurina no resulte en el desamparo de quienes estaban vinculados a ella, facilitando una migración digna y planificada hacia otras actividades productivas legales dentro del marco del desarrollo nacional.

Finalmente, la normativa ordena la transformación física de las plazas de toros en centros culturales, deportivos y de comercio que operen de forma permanente. Escenarios emblemáticos como la Plaza de la Santamaría en Bogotá o la Plaza de Manizales dejarán de ser exclusivos de la tauromaquia para albergar conciertos, ferias de emprendimiento o eventos deportivos que beneficien a toda la comunidad durante todo el año. El propósito de este mandato es garantizar la sostenibilidad de la infraestructura pública mediante usos diversos que generen valor social y económico para la ciudadanía sin involucrar el maltrato animal.

Consulta la Ley 2385 de 2024

Defensa de La Ley 2385 de 2024

En el marco de la defensa judicial de la Ley 2385 de 2024 ante la Corte Constitucional, el liderazgo de Animal Defenders International (ADI) y la coalición Colombia Sin Toreo ha sido fundamental para sustentar la exequibilidad de la norma. La estrategia jurídica se centra en demostrar que la prohibición de la tauromaquia responde directamente al deber constitucional de protección animal. A través de intervenciones ciudadanas y conceptos técnicos de expertos, ADI y la coalición han ratificado que la ley ofrece un esquema de transición proporcional y justo, garantizando que el avance hacia una sociedad sin violencia contra los animales con una jurisprudencia que reconozca a los animales como sujetos de especial protección.

La corte Consticional respalda la Ley 2385 de 2024

En un avance jurisprudencial sin precedentes, la Sentencia C-374 de 2025 de la Corte Constitucional ratificó la exequibilidad de la Ley 2385 de 2024, blindando la prohibición de la tauromaquia en todo el territorio nacional. Bajo el liderazgo de la coalición Colombia Sin Toreo y Animal Defenders International (ADI), se logró sustentar que el deber constitucional de protección animal prevalece sobre cualquier expresión cultural que implique el sufrimiento de seres sintientes. La Corte determinó que este mandato imperativo no se limita exclusivamente a las corridas de toros, el rejoneo y las novilladas, sino que debe extenderse de manera progresiva a otras prácticas como las corralejas, el coleo y las peleas de gallos. La sentencia establece que el Estado tiene la obligación de erradicar cualquier espectáculo basado en la laceración, la mutilación o la muerte animal, marcando una hoja de ruta definitiva para que estas actividades se adecúen a los estándares de bienestar o enfrenten su prohibición total en el corto plazo.